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Las trasformaciones sociales han generado el reconocimiento de poblaciones históricamente excluidas, esto ha permitido su participación en diferentes contextos sociales. La diferente normatividad desde la ONU, la Unesco y la Carta Constitucional de 1991, la Ley 381 del 97, la Ley 115 de 1994, La Ley 30 de 1992 y otras decisiones administrativas desde el Gobierno y las instituciones educativas, reconocen como derecho la inclusión en los ámbitos de la educación. Todas estas normas jurídicas o instrumentos legales, rechazan actos que apuntan a la discriminación en el ámbito educativo y se constituyen en el instrumento por el cual se reconoce y sanciona acciones y prácticas que violenten el principio de igualdad en los centros educativos.

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